Edgardo Form

Por Edgardo Form - Legislador porteño

¿Será 2012 el año en el que la Ley de Medios Audiovisuales entrará plenamente en vigor?
La norma fue sancionada en octubre de 2009 pero a pesar de estar vigente en la mayoría de sus artículos aún no se aplica el artículo número 161 llamado precisamente por esos mismos monopolios como “de desinversión”.
La ley sufrió varios escollos: primero fueron algunos jueces provinciales que por intermedio de cautelares suspendieron su aplicación íntegra. Por entonces fue la Corte Suprema de Justicia la que cuestionó en 2010 esa avanzada al revocar una resolución de la Cámara Federal de Mendoza que había admitido un planteo del diputado del Peronismo Federal Enrique Thomas. LA Corte alertó a los jueces sobre el abuso de las cautelares y definió que los magistrados no pueden suspender la aplicación de una ley con efectos generales ni reeditar un debate que ya se dio en el Congreso y que dejó a alguien disconforme ya que de esta manera se amenaza la división de poderes.
Gracias a esta postura de los Jueces Supremos cayeron los fallos que no permitían aplicar la nueva ley. Fue entonces que el Grupo Clarín cuestionó el artículo 161, que fija la desinversión compulsiva en el plazo de un año, que expiraba en octubre de 2010. Ante el reclamo el juez Edmundo Carbone le dio la razón al multimedios por entrever (cito textual) “un menoscabo de los derechos constitucionales de propiedad y de industria lícita”. La Cámara lo respaldó ya que consideró que el plazo era “sorpresivo, breve y fatal”.
La Corte Suprema ya intervino en esta solicitud cuando el Estado apeló por primera vez. Resolvió dejar en pie la cautelar a favor de Clarín, pero dijo que no podía ser indefinida porque de esta manera se convertiría en una sentencia anticipada e invitó al juez Carbone a fijar un plazo razonable. Parece ser que para el magistrado era difícil estipular esa fecha y se jubiló. Fue entonces la Cámara la que puso fecha: plazo máximo para resolver esa desinversión: 36 meses (es decir ¡diciembre de 2013!). El Estado Nacional volvió a recurrir a la Corte para que sea ella la que fije esa fecha que impide (por ejemplo) lograr la desconcentración del 57% de los operadores de televisión por cable, cifra manejada hasta hoy sólo por Clarín.
El 2012 recién acaba de empezar. Habrá que tener paciencia (en realidad, más paciencia que la que tuvimos hasta ahora) para saber si finalmente se podrá cumplir la totalidad de la letra de una ley votada mayoritariamente por el Congreso de la Nación.
02-01-2012

El aumento dispuesto por Mauricio Macri para el viaje en subte es arbitrario e intempestivo. Es un tarifazo que golpea fuerte en el bolsillo de centenares de miles de usuarios y además vulnera las normas legales vigentes.
En efecto, la Ley 210 sancionada en el año 1999, donde se define al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos, establece en su artículo 13.-, inciso c, la obligatoriedad de convocar a una audiencia pública “Cuando una tarifa, cargo, clasificación o servicio de un prestador sea considerado, con fundamento como inadecuada, indebidamente discriminatoria o preferencial, se considera alterado el principio de responsabilidad y justicia tarifaria; asimismo en caso de solicitud de modificación de la tarifa”.
La mayoría, por no decir la totalidad del millón y medio de pasajeros que diariamente utiliza las seis líneas del subterráneo, reclama desde hace tiempo el mejoramiento de las frecuencias, especialmente en las horas pico. Ni qué hablar sobre las elevadas temperaturas y otras incomodidades que padecemos los usuarios del Metro porteño. Todos – me incluyo – aprobaríamos un plan estratégico de inversiones destinado a mejorar las prestaciones de un medio de transporte de vital importancia. Más aún, sería de buena política pública convocar a las organizaciones de usuarios y consumidores, y a la ciudadanía en general, para definir un plan maestro orientado a resolver con criterios de racionalidad el grave problema del transporte en nuestra ciudad, articulando acciones con la Nación y la Provincia de Buenos Aires, en la Región Metropolitana.
Pero al igual que en otros asuntos prioritarios e impostergables, como son el déficit habitacional o la atención eficaz de la salud pública, la concepción del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires persiste con la concepción neoliberal de un Estado mínimo y privilegia los intereses del mercado. Porque un aumento inconsulto del 127 por ciento, sin fundamentar las razones de semejante incremento y el destino de los fondos (más de 200 millones de pesos por encima de los 360 millones que debería aportar el presupuesto de la Ciudad durante seis meses, para complementar el subsidio transitorio dispuesto por la Nación), pareciera ser una operación destinada a nutrir la caja de Metrovías y el Grupo Roggio.
El decreto 27/11 firmado por Macri y publicado en el Boletín Oficial dela C.A.B.A. este viernes 6, por el cual se dispone el aumento y se anuncia la convocatoria a una audiencia pública para el mes de abril, es una clara expresión de la falta de voluntad democrática y de respeto a la participación ciudadana.
Por eso, un conjunto de legisladores y representantes de organizaciones de usuarios nos presentamos ante la Justicia, con un recurso de amparo y la solicitud de no innovar en materia tarifaria. Concretamente, planteamos dejar sin efecto ese aumento y que se convoque de inmediato a la audiencia pública.
Edgardo Form
Diputado de la Ciudad de Buenos Aires - Bloque Nuevo Encuentro

Comunicado de Prensa de Edgardo Form
Diputado de la Ciudad de Buenos Aires por Nuevo Encuentro

“La experiencia del Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo) demostró la posibilidad de congregar a un amplio abanico de organizaciones sociales, políticas, religiosas, gremiales y académicas en torno de una consigna movilizadora: Ningún hogar pobre en la Argentina”.
Bajo ese lema – recuerda Edgardo Form, diputado porteño de Nuevo Encuentro y uno de los protagonistas del Frenapo – se instaló en la agenda de la ciudadanía un tema prioritario que reclamaba políticas públicas y soluciones urgentes.
“A diez años de aquella gesta, que culminó con más de tres millones de votos en una consulta popular inédita, tanto por su magnitud como por haber sido organizada por los propios promotores de la iniciativa, sostuvo Form, es oportuno reeditar una modalidad similar para encarar el problema acuciante de la falta de vivienda para millones de compatriotas”.
En tal sentido, el flamante diputado y dirigente cooperativista propone llevar a cabo una consulta popular por Una Vivienda Digna para Todos.
Con esa finalidad, Form anticipó que llevará la propuesta a las numerosas organizaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que reclaman el acceso a este derecho consagrado por la Constitución Nacional y la Carta Magna porteña.
“La idea – explicó el diputado de Nuevo Encuentro – es construir el más amplio consenso posible, para instalar en la agenda de los habitantes de la Capital de la República la necesidad impostergable de diseñar un plan estratégico, instrumentar políticas de Estado y destinar los recursos necesarios para garantizar la solución eficaz de esta demanda largamente postergada”.
“Este y todos los derechos humanos sólo pueden ejercitarse con una legislación adecuada y un Estado presente y activo”, concluyó Edgardo Form.

Oficina de Prensa de Edgardo Form
Diputado de la Ciudad de Buenos Aires por Nuevo Encuentro

Diario Z - 09/12/2011

Por Edgardo Form

Hay, por lo menos, dos grandes puntos de partida para establecer la lista de temas pendientes de un debate profundo a nivel de la Legislatura y también en la propia sociedad porteña. Por una parte, están los derechos y garantías establecidos por la Constitución de nuestra ciudad que aún carecen de leyes para la reglamentación de su ejercicio. O bien que la normativa vigente esté desactualizada o incompleta en esa materia, considerando a los derechos en un sentido amplio, incluyendo a los denominados económicos, sociales y culturales.
Otra fuente de temas para el debate y la promoción de leyes, resoluciones y declaracionessurge de las necesidades insatisfechas de la comunidad. Esto es, allí donde hay una necesidad existe un derecho y es obligación de los legisladores elaborar y promover los marcos normativos adecuados para logar un mejoramiento continuo en la calidad de vida de la población.
En mi opinión, así como en la de mis compañeras de bloque - Nuevo Encuentro - al igual que los compañeros y compañeras del interbloque con el Frente para la Victoria y el Frente Progresista y Popular, sin Estado presente y activo no se asegura el goce de los derechos. Por lo tanto, incluiremos en nuestra agenda un análisis crítico de la gestión del gobierno de la ciudad en múltiples asuntos de vital importancia.
Asimismo y aunque trascienda a la propia Legislatura, habrá que debatir de cara a la ciudadanía, cómo incluir a la C.A.B.A. en el Proyecto Nacional, porque la Capital Federal de la República Argentina es de todos nuestros compatriotas y no sólo de quienes vivimos entre el Río de la Plata, el Riachuelo y la General Paz.
Con respecto al segundo mandato del PRO, persisten los interrogantes sobre su capacidad de gestión, largamente prometida en vísperas de su primer mandato y verificada como sumamente ineficiente en los últimos cuatro años. Además y sobre todo, nuestra preocupación está centrada en la pretensión de esta fuerza política para hegemonizar a la derecha conservadora y por ende reaccionaria en términos ideológicos y políticos, con vistas a las elecciones presidenciales de 2015.
Este objetivo, fomentado desde los medios de comunicación hegemónicos, está potenciado por el caudal de votos obtenidos tanto en la primera como, sobre todo, en la segunda vuelta electoral del pasado mes de julio. De allí que el debate debería abarcar al conjunto de la sociedad porteña en torno del proyecto de país y de ciudad que anhelamos construir.
En consecuencia, las iniciativas que impulsaré desde mi banca de diputado estarán en correspondencia con los planteos realizados durante la campaña de Nuevo Encuentro, destinados a promover la participación ciudadana, el fortalecimiento de las comunas para lograr una efectiva descentralización democrática del poder, los proyectos orientados a solucionar la gravísima problemática habitacional, el rediseño de los servicios de salud pública y todo aquello que asegure una vida mejor para el conjunto de los habitantes de Buenos Aires.

*Diputado de la Ciudad por Nuevo Encuentro

Nota para Revista de la Fundación Sagrada Familia - Diciembre 2011

Por Edgardo Form*

“Las empresas cooperativas construyen un mundo mejor”. Bajo este lema, las Naciones Unidas y la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) pusieron en marcha un ambicioso programa que abarcará todo el 2012, consagrado como el Año Internacional de las Cooperativas.
Uno de los objetivos de esta formidable iniciativa es lograr una mayor visibilidad de todo lo mucho y bueno que realizan estas entidades de la economía solidaria, en circunstancias históricas de gran complejidad como consecuencia de la profunda crisis que vive gran parte del mundo contemporáneo.
A lo largo de los próximos doce meses, una de las tareas prioritarias del movimiento cooperativo será llegar a la opinión pública a través de los medios de comunicación, para exhibir logros tales como la generación de puestos de trabajo decente, la construcción de viviendas populares, el acceso a los bienes de consumo masivo en condiciones de calidad y precio adecuado; el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas; la atención primaria de la salud, el acopio y la comercialización de productos agropecuarios, entre otros servicios gestionados democráticamente por los propios asociados.
En otras palabras, el propósito que anima a la ACI, en representación de mil millones de cooperativistas de todos los continentes, es demostrar que no sólo es necesario cambiar los paradigmas económicos basados en el lucro desmedido, la especulación y la concentración de la riqueza, sino que es posible organizar la producción de bienes y servicios con un sentido profundamente humanista y solidario.
Se trata, en consecuencia, de predicar con la palabra y el ejemplo de la cooperación, para llegar al sentimiento y la consciencia de millones de personas, para que conozcan, comprendan y compartan nuestros valores y principios.
Al mismo tiempo, hay que intensificar la capacidad de incidencia del movimiento cooperativo sobre los poderes públicos, para lograr la sanción o adecuación de los marcos legales que faciliten el desarrollo y la consolidación de las empresas asociativas. En este sentido, hay que superar ciertos prejuicios instalados durante décadas, según los cuales la política es incompatible con el cooperativismo.
En rigor, desde el momento en que una cooperativa defiende los intereses de sus asociados está haciendo política, claro que con un sentido amplio y no partidista, respetando el principio de puertas abiertas y la indispensable pluralidad propia de la naturaleza jurídica y doctrinaria de nuestras entidades.
Pero la experiencia acumulada a lo largo de muchas décadas indica que no alcanza con incidir desde afuera de los organismos de poder. Es necesario que los representantes del cooperativismo formen parte de los cuerpos legislativos y ejecutivos, tanto a nivel municipal, provincial como del estado nacional, para impulsar medidas destinadas a mejorar la calidad de vida de toda la sociedad. En otras palabras, así como las grandes corporaciones tienen su representación parlamentaria encarnada en diputados y senadores que responden a sus intereses, el cooperativismo tiene todos los atributos necesarios para ocupar esos mismos espacios.
Así, por ejemplo, el Congreso Federal de Brasil cuenta con un Frente Parlamentario Cooperativista, integrado por más de doscientos legisladores que pertenecen a diferentes identidades partidarias, pero que tienen el denominador común de formar parte de diversas organizaciones cooperativas.
En mi país, la República Argentina, estamos comenzando a transitar una experiencia orientada hacia ese mismo objetivo. Y ya podemos exhibir algunos resultados concretos. Desde hace dos años, el presidente del Banco Credicoop y titular del Partido Solidario ocupa una banca en la Cámara de Diputados de la Nación y recientemente, el 31 de octubre, fue uno de los disertantes que expuso nuestro punto de vista en el marco de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, convocado por la ACI mundial para inaugurar el Año Internacional de las Cooperativas. O sea que, exhibiendo la coherencia de una fecunda trayectoria de lucha y trabajo abnegado, lleva a los foros internacionales el mismo discurso que sostiene en el Parlamento argentino y en la gestión cotidiana del banco cooperativo.
Y con ese mismo compromiso, entre los meses de julio y octubre, dos dirigentes del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) tuvimos el honor de recibir el apoyo de un sector numeroso de la ciudadanía y resultar electos como diputados de la Nación, en un caso, y de la Ciudad de Buenos Aires, en el de quien escribe esta nota.
O sea, queridos hermanos de Puerto Rico, que a partir de este artículo y en lo sucesivo, si así lo disponen, tendré el honor de compartir con ustedes algunas reflexiones y comentarios en mi doble carácter de ciudadano cooperativista y legislador.

*Gerente General del IMFC y Diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

El martes 22 de noviembre se realizó la ceremonia de entrega de los certificados emitidos por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad a los diputados electos en la elección del 10 de julio pasado. De este modo, el legislador por el Partido Solidario en Nuevo Encuentro, Edgardo Form, recibió el diploma que certifica su asunción como legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En este contexto, Edgardo Form sostuvo “tenemos un desafío enorme por delante, que tiene que ver con lo que será la tarea en la Legislatura de la Ciudad, en la que tenemos que avanzar con responsabilidad y compromiso realizando propuestas y presentado proyectos e iniciativas”.

Participaron del evento acompañando a Edgardo Form y a Gabriela Cerruti, que también obtuvo su diploma, los diputados nacionales y máximos referentes del Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella y Carlos Heller. Por otra parte, ayer recibieron sus respectivos certificados los comuneros Mónica Menghini y Carlos Funes.